Un libro publicado esta semana volvió a poner en el centro de las polémicas el caso de Oscar Jesús Garavaglia, el joven sanrafaelino desaparecido en 1979 en cercanías del lago El Nihuil y que constituye, desde entonces, uno de los mayores misterios policiales y judiciales de nuestra zona.
En la obra, titulada “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, el periodista José D’Angelo presenta el “Caso Garavaglia” como uno de los diez en que, según considera, se presentan irregularidades en el pago de indemnizaciones a personas que murieron en circunstancias no contempladas en las leyes reparatorias para con las víctimas de la represión durante la última dictadura cívico-militar que vivió nuestro país.
El libro de D’Angelo lleva un prólogo de Juan Bautista “Tata” Yofre y muestra “un modelo del modus operandi utilizado para esta triste versión de la corrupción: falsear la realidad de hechos de los ‘70, inventar historias, cobrar mucho dinero de los argentinos y ser homenajeados públicamente”, resumió el autor, al anticipar esta semana el contenido del mismo.
En el capítulo dedicado a Oscar Garavaglia, D’Angelo realiza un pormenorizado recuento del caso, que comienza con una descripción cronológica de lo ocurrido en El Nihuil desde el jueves 5 de enero de 1979 cuando el joven sanrafaelino salió de su casa y viajó a ese distrito junto a “sus amigos: Julio Pérez Sierra, su ‘mejor amigo’, Horacio Nardoni, Alejandro Vidalled y Alfredo Alonso Decarre”. El relato continúa con los acontecimientos que siguieron durante esa jornada y las subsiguientes, centrándose en lo ocurrido el 12 de enero de 1979 cuando Garavaglia, Nardoni, Vidalled y Pérez y su padre (Atanasio Pérez Confeti), padre e hijo, decidieron, finalmente, salir al campo a cazar. Luego, la versión de D’Angelo transita por el momento de la desaparición de Oscar, cómo sus amigos dieron aviso a la familia, el impresionante operativo de búsqueda que se montó en el lugar y cómo la justicia local investigó el caso.
Sin embargo, la parte más polémica de la publicación tiene que ver con una circunstancia bastante posterior. D’Angelo refiere que en diciembre de 1984, casi seis años después de la desaparición de Garavaglia, el gobierno de Raúl Alfonsín dio a conocer el Informe CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) o “Nunca Más”, en donde Oscar Jesús Ramón Garavaglia no está registrado entre los “desaparecidos por la represión ilegal del Estado”.
Diez años después del “Nunca Más”, el 28 de diciembre de 1994, Carlos Menem promulgó la “ley reparatoria” Nro. 24.411, que dispone el pago de una indemnización varias veces millonarias a los causahabientes de las personas “víctimas de la represión ilegal”, desaparecidas o muertas.
Y continúa afirmando que al año de que la justicia mendocina diera por concluida la investigación sobre el paradero de Garavaglia sin haber podido hallar a los culpables, en 2000, alguien inició un expediente ante la Subsecretaría de Derechos Humanos en Buenos Aires, para percibir la indemnización de la Ley Nro. 24.411 por el joven de San Rafael, como si a éste lo hubieran hecho desaparecer agentes estatales. El expediente recibe el Nro. 125572/00 y permaneció varios años sin resolverse.
En marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, ya con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicaría un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” afirmando, en su presentación, que es el producto de haber “revisado, corregido, ampliado y actualizado” el listado de la CONADEP de 1984. Oscar Jesús Ramón Garavaglia Santos es incluido, oficial y públicamente, como un “desaparecido, víctima de la represión ilegal del Estado”.
En este Informe público, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, se enlistan siete mil noventa y ocho personas víctimas de “DESAPARICIÓN FORZADA” que es como manda llamar la ley 24.321 “cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada, bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción”. La nueva denominación se estableció para diferenciarla de la “ausencia con presunción de fallecimiento” contemplada en nuestra normativa. En este informe del año 2006, hay una veintena de esos casos en los que solo se consigna “DESAPARICIÓN”, como es en el caso de Garavaglia.
El expediente de Oscar Garavaglia estuvo demorado 9 años hasta que, “súbitamente, se aceleró su trámite” –sostiene el autor- y fue resuelto favorablemente durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos y Julio Alak en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 25 de septiembre de 2009 se resolvió, ordenando el pago de la indemnización a la familia Garavaglia.
Según D’Angelo, por la “desaparición” de Oscar Garavaglia el Estado argentino pagó $ 37.004.851 actualizados por inflación a septiembre de 2021, según liquidación Nro. 36.354 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio. Este monto, se desconocen las razones, es el doble del promedio de pagos por esta ley “reparatoria”, que es, aproximadamente de $ 18.000.000.
Llamativamente, el número de documento de identidad del acreedor que figura en la información de este pago en el Ministerio de Economía y que por la ley “reparatoria” corresponde al “desaparecido”, es el 11.111.111, cuando los documentos de Oscar, que son conocidos públicamente desde 2006 porque constan en el Informe de la Secretaría de Derechos Humanos, son: DNI 14.654.329 y Cédula de Identidad 75659.
Según afirma el libro, para autorizar el pago, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debió confeccionar un “legajo individual” de Garavaglia en donde “deben constar los antecedentes y las pruebas tendientes a acreditar los extremos previstos por la ley”, según ordena la Reglamentación de la ley “reparatoria”.
En el año 2015, nueve años más tarde del informe oficial donde Garavaglia es considerado “víctima del Estado”, y un mes antes de dejar la presidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martin Fresneda como secretario de Derechos Humanos, presentó un nuevo listado oficial, el tercero, al que se denomina RUVTE, “Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado”, y aquí, ya no está incluido Garavaglia.
Esto es, la Secretaría de Derechos Humanos que lo había sumado en 2006 y que había autorizado su indemnización lo eliminó de sus registros: “ya no es más una víctima de la represión ilegal del Estado”, sostiene D’Angelo, quien denunció la situación en sede penal, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, en la CABA, cuyo titular es el Dr. Ariel Lijo, desde el 13 de noviembre de 2019 sin resultados hasta la fecha.
